La Contraloría General de la República de Panamá presentó este miércoles dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia, dirigidas contra el Contrato Ley de Panama Port Company y sus modificaciones.
Las demandas de Inconstitucionalidad es contra la posible violación de las normas constitucionales plasmadas en el Contrato Ley. En tanto que la de Nulidad por la presunta ilegalidad de los actos administrativos que generaron la autorización de la prórroga de dicho Contrato Ley.
El contralor general, Anel Flores, detalló el alcance de ambas acciones legales. Una de ellas es una demanda de inconstitucionalidad, presentada ante el Pleno de la Corte Suprema, mientras que la segunda, una demanda de nulidad por ilegalidad, fue elevada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
"El día de hoy, en defensa de los intereses del país, presentamos estas dos acciones judiciales que responden a serias irregularidades detectadas en la auditoría practicada a Panama Ports y sus contratos", expresó el Contralor.
"No solo se trata de un contrato leonino. Lo que encontramos fue un contrato abusivo que atentaba directamente contra los intereses del país", aseguró.
"Nuestro deber institucional es claro: defender los recursos del pueblo panameño y actuar cuando se compromete su patrimonio".
El Contralor también se refirió a preocupantes movimientos internacionales sobre posibles transacciones relacionadas con los puertos de Panamá, sin participación del Estado panameño. "Hay negociaciones multimillonarias en marcha en otras latitudes, que no incluyen a Panamá, el verdadero propietario de esos activos. Por eso actuamos. Porque los panameños no estamos de acuerdo con lo vivido durante más de dos décadas de relación con Panama Ports", afirmó con firmeza.
Flores explicó que ambas demandas se enfocan especialmente en la prórroga contractual otorgada al final del gobierno anterior, la cual según la Contraloría no contó con el refrendo legal obligatorio de la Contraloría General de la República, tal como lo establece la Constitución Política, la Ley 32 de 1984 y la Ley 56 de 2008.
"Estamos solicitando la anulación de esa extensión porque fue otorgada fuera del marco legal. Es inadmisible que otros países negocien sobre bienes que pertenecen a los panameños sin que Panamá tenga voz ni voto", manifestó el jefe del ente fiscalizador.
La Contraloría General de la República reiteró su llamado al Ministerio Público para que actúe sobre los hallazgos detectados en el Informe de Auditoría, y dejo claro que continuará cumpliendo su mandato de velar por los recursos de la nación.
